Una pareja de una cordobesa y un español denuncia que el Estado de España sustrajo ilegalmente a su bebé recién nacido en medio de la pandemia
Según la madre, el parto fue por cesárea no programada y dice haberse despertado drogada 15 horas después. El pesonal del hospital no le permitía ver a su bebé. La pareja denuncia que Servicios Sociales se amparó en argumentos falsos para sustraerles al recién nacido y entregárselo a otra familia en medio de una emergencia sanitaria. Un médico español afirma que detrás de esto hay un negocio. Mirá la entrevista exclusiva a la pareja y el testimonio de un cirujano español sobre la situación.
Según consta en la hoja de informe, el 11 de marzo a las 20:30hs nació el hijo de la pareja de María del Milagro Varela Lingua, de nacionalidad argentina, y Daniel Martín Correa, español, en el Hospital General de Valencia en España. La operación de desarrolló sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, luego del nacimiento se desencadenó una serie de hechos que culminó en la tutela del niño por parte del Estado español a través de Servicios Sociales. La pareja denuncia abuso y secuestro institucional.
María y Daniel.
El relato y la denuncia de la madre están escritos en sus propias palabras en una petición del sitio change.org dirigida a varias autoridades e instituciones españolas.
Mirá la entrevista
En el escrito de la solicitud, la madre detalla que luego del parto no le permitieron ver a su hijo, aun cuando había dejado asentada la intención del contacto piel con piel. El personal de enfermería y médico alegaba un “problemita” con el recién nacido por el que urgía impedir el contacto y llevarlo a otro lado. De acuerdo a la pareja, la prueba Apgar, que evalúa la salud del recién nacido, había puntuado 9 de 10.
La madre no tuvo contacto con el niño luego del nacimiento.
Plan de parto de María del Milagro Varela Lingue.
Plan de parto de María del Milagro Varela Lingue.
Varela Lingua relata que se despertó 15 horas después de la cesárea sin haber visto a su hijo y sin comprender la situación. Los médicos la culparon de haberse autoadministrado benzodiacepina. María asegura que esa droga fue administrada por el personal médico luego del parto y que no quedaron registros. Su hijo dio negativo a la prueba de benzodiacepinas.
Luego le informan que Servicios Sociales no permite el contacto con su hijo. Luego de una situación nerviosa y violenta, la madre narra que el personal del hospital la esposó a una silla de ruedas, recién operada y con dolores. Después la ataron a una cama de pies, muñecas y caderas, y le suministraron varios antipsicóticos y sedantes.
Atada a la cama, el día 12 de marzo es ingresada en el área de psiquiatría y el 13 de marzo, alrededor del mediodía, le indican el alta. Permaneció todo ese tiempo suejeta a la cama. Luego le entregan un acta informándole que había dado a luz a una niña, cuando en realidad se trataba de un niño. A su vez, a Daniel le entregan una orden de desamparo en donde el Estado español queda a cargo de la tutela del recién nacido. El niño fue entregado a una familia acogedora desconocida.
Desamparo.
La pareja insiste en que los argumentos proporcionados por Servicios Sociales son falsos. Según ellos, nunca antes habían sido advertidos ni avisados de la condición que sostiene Servicios Sociales.
Es preciso destacar que, en el sistema español, estos procedimientos institucionales se encuentran habilitados para realizarse sin la presencia de un juez. La producción de ADN PERIODISMO FEDERAL accedió al testimonio de un cirujano español que opina acerca de la sitaución que se vive en España. Según él, detrás del aprovechamiento de la indefensión de los progenitores existe un negocio.
Mirá el testimonio de un médico español
En portal de noticias vagamediapress.com hay un seguimiento del caso muy detallado, en donde aportan el conocimiento de la legislación española y también enmarcan los hechos sufridos por la pareja dentro del abuso institucional contra la indefensión de los progenitores. Con respecto a la legislación española, citan:
La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 17, dice textualmente: “La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar.”.
Y en el punto 2 del artículo 18 se lee: “La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.”.
Sin embargo, todavía hoy, a más de 60 días, María y Daniel no pueden recuperar a su hijo.
