El llamado a paro por parte de la Mesa de Enlace sólo puede entenderse como un paro político. Mientras que la gran mayoría de los variados productores agropecuarios son beneficiados con la aplicación de un nuevo esquema impositivo que contempla la diversidad, resulta incomprensible el rechazo de la representación del sector desde el punto de vista económico.

De la 125 al 2020

Cuando en 2008 el primer gobierno de Cristina Kirchner intentó aprobar la resolución N° 125/2008 que planteaba un esquema de retenciones móviles para el sector agropecuario, gran parte de la sociedad, en especial la clase media, adoptó una posición cercana a la de los actores del campo.

La presión de la manoseada opinión pública fue fundamental en la resolución del conflicto y quedará inmortalizada en la frase del entonces presidente del senado, Julio Cobos, que votó en contra del lineamiento de su partido.

Hoy, en el histórico conflicto se vuelven a enfrentar los históricos actores, el gobierno por un lado y el campo por el otro; pero el contexto es distinto. El gobierno de Alberto Fernández parece haber tomado nota para no cometer los mismos errores. El campo, por otra parte, vuelve a apostar a la misma estrategia que hace 12 años.

Reforma impositiva

Una de las diferencias entre este conflicto y el de 2008 son las instancias de negociación. Esta vez la presentación del esquema impositivo no ocurrió de manera sorpresiva y además se han efectuado varias instancias de negociación entre el Poder Ejecutivo y las distintas asociaciones representantes del sector agropecuario.

Otra de las diferencias más importantes consiste en la discriminación por cultivo y sector productivo. Se plantean reintegros y quita de retenciones a las bastardeadas economías regionales y se mantienen las alícuotas para los cultivos extensivos del maíz y el trigo.

A su vez, el esquema impositivo contempla un sistema escalonado de acuerdo al volumen de producción. Es decir, quien produce menos paga menos. En algunos casos se podría pagar menos impuestos que los estipulados por el gobierno de Mauricio Macri. Esta también es una diferencia significativa.

Lo que hay que tener en cuenta es que el aumento del 3% en materia de retenciones aplicaría únicamente a los cultivos de soja y a aquellos productores que exporten más de 1000 toneladas: una pequeña minoría de grandes capacidades productivas y ganancias extraordinarias.

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Quién es quién

Este pequeño mapa echa luz sobre los intereses que están en juego. Así podemos identificar con más precisión a los verdaderos actores del conflicto.

En efecto, no existe tal cosa como “el campo”. Existen, en cambio, múltiples realidades y condiciones de producción que tienen en común el trabajo de la tierra. El nuevo proyecto da cuenta de esa heterogeneidad. Es un hecho del sentido común que las economías regionales de Mendoza no comparten condiciones productivas ni comerciales con la Pampa Húmeda sojera.

En honor a la verdad, entonces, cada vez que se ha hablado de “campo” en general, siempre se estuvo haciendo referencia a los intereses particulares de una minoría de inmensos capitales y capacidades: los grandes productores sojeros. Ni más, ni menos.

Desde este punto de vista, la pretendida representación de la Mesa de Enlace es falsa y engañosa. No existe tal unidad.

Los motivos del reclamo

Si se hace un repaso por la reciente historia de los reclamos de la representación en favor de las economías regionales encontraremos una gran ausencia en su lugar. Durante el gobierno de Cambiemos las economías regionales fueron a quiebra gracias a las medidas macroeconómicas neoliberales. Jamás se insinuó un paro. Jamás se organizaron en un reclamo.

Que digan manifestarse por ellas es una hipocresía, todavía más cuando resultarían beneficiadas.

De igual manera, que digan manifestarse por el pequeño productor sojero también es una hipocresía. Éste no sólo que se ve favorecido por el esquema impositivo, sino que también tendrá más facilidades crediticias para plantear una siembra.

Durante la gestión de Mauricio Macri el acceso al crédito quedó restringido únicamente a los grandes productores. Las tasas usureras, muy superiores al 50%, hacían imposible que un pequeño productor se arriesgase a emprender el negocio.

En cambio, quienes poseían pocas tierras se vieron obligados a alquilarle los campos a capitales millonarios. Así se produjo una concentración masiva en pocos productores. Nuevamente, jamás se reclamó por esto.

En esas condiciones los únicos capaces de producir son los grandes pooles de siembra que no son otra cosa que fideicomisos multimillonarios. En ocasiones no son dueños de los campos ni son ellos tampoco quienes trabajan la tierra.

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Sacarse las caretas

¿Por qué se manifestaría un pequeño productor que se ve beneficiado? ¿Por qué protestaría un trabajador de economía regional ante el reintegro de impuestos? ¿Por qué se quejarían de mejores condiciones crediticias?

Así las cosas, el reciente llamado a un paro de 4 días por parte de las asociaciones agropecuarias puede entenderse solamente como una manifestación política impulsada por los grandes capitales. En criollo, el paro es ideológico.

Ahora bien, las posiciones ya están fijadas y por lo que parece también resultan inamovibles. En una democracia ambas partes están en su derecho legítimo de ejercer los reclamos y manifestarse.

Sin embargo, el riesgo está en aumentar la grieta a expensas de intereses de uno de los pequeños sectores más privilegiados del país. Este desgaste conviene al mismo sector político que representa a los grandes empresarios.

Disfraz de clase media

En la arista más siniestra del conflicto se intenta identificar y vincular al productor agropecuario sojero con la clase media trabajadora argentina. Sin embargo, una vez que se han identificado quiénes custodian qué intereses esto último resulta muy difícil.

En efecto, si se tiene en cuenta que el precio de la hectárea en una buena zona productiva del territorio argentino promedia los u$d 20 mil, para poseer un campo de 400 hectáreas son necesarios u$d 8 millones. En pesos son aproximadamente $ 500 millones. Bastante lejos del capital de un trabajador promedio.

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El costo de plantear una siembra de soja, que incluye el control del barbecho, siembra y fertilizantes, promedia los u$d 380 por hectárea. Esto significa, para un campo de 400 hectáreas, una inversión inicial de u$d 152 mil. Otra vez, bastante lejos del trabajador promedio.

Ahora bien, los grandes productores no poseen 400 hectáreas, sino varios miles. Es que en realidad estamos hablando de un sector productivo que despliega cultivos extensivos inmensos que desarrollan rentabilidades millonarias.

Consecuencias

Todo esto ocurre gracias a la explotación del suelo argentino y de sus recursos naturales. El capitalismo moderno ha sido muy hábil en cubrir con un manto de escepticismo cualquier denuncia en reparar en los daños ambientales ocasionados por la codicia humana. A todo se lo tilda de exagerado o de apocalíptico.

Sin embargo, recientemente se ha publicado una investigación que deja en evidencia la destrucción del medio ambiente en manos del hombre. A partir de la inactividad industrial y económica del coronavirus, China ha disminuido drásticamente la mancha de dióxido de nitrógeno.

En nuestro país los grandes empresarios agropecuarios que reclaman menos impuestos son los mismos que arrasan la tierra deforestando todo lo que pueda impedir el paso de una cosechadora y el incremento de sus ganancias.

La provincia de Córdoba, una de las principales provincias sojeras, bien debería avergonzarse de haber desmontado más del 95% del bosque nativo. Sólo entre 2001 y 2018 se arrasaron con 131 mil hectáreas de bosque.

Aunque muchos decidan descreer o mirar a un costado, las consecuencias no tardan en hacerse sentir. Lo que se sigue son las modificaciones de los cursos de agua, las inundaciones y la contaminación del suelo con agroquímicos como el glifosato.

Los afectados más inmediatos son siempre los mismos: los más humildes y desprotegidos que viven en pueblos o pequeñas ciudades. Sin posibilidades de enfilar un tractor en una ruta o costear grandes operaciones mediáticas para hacer sentir su reclamo que no tiene que ver con ganancias económicas sino con condiciones de vida, padecen el avance de la codicia indiscriminada de los grandes empresarios sojeros argentinos.

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