La detención de narcos que transportaban 28 kilos de cocaína derivó en una investigación por coimas que involucra a funcionarios de Misiones y Corrientes. Ahora, ningún juez se quiere hacer cargo de la causa.

El hallazgo de un cargamento de cocaína en un vehículo que circulaba por la Ruta 12 en la provincia de Corrientes fue el inicio de una investigación que develó el vínculo entre organizaciones de narcos con gendarmes, policías, empresarios y hasta funcionarios gubernamentales de tres provincias, todos abocados al contrabando de soja a Brasil.

Lo que se descubrió es que existen complejos sistemas de cobro de coimas para que los vehículos que transportan cargas ilegales puedan pasar por los controles de las fuerzas de seguridad sin ser revisados.

Estas operaciones ilegales funcionan más eficientemente cuando se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus, ya que se había reforzado los controles de las fuerzas de seguridad en los caminos rurales por los que se puede pasar a otra provincia.

Esto era provechado para que los efectivos cobren a narcos y contrabandistas sojeros un “peaje” para dejarlos cruzar.

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Así, primero, se descubrió que un grupo narco había ingresado 28 kilogramos de cocaína que pretendía ser llevada a Córdoba y había llegado a territorio correntino.

Con las escuchas telefónicas relacionadas por esta investigación, el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, descubrió con quiénes se comunicaban los narcos y contrabandistas para poder circular con carga ilegal, sin problemas, por las rutas.

Así se pudo saber que los gendarmes y policías estaban vinculados con profesionales que se dedican a la confección de documentos falsos para posibilitar que los rodados con soja puedan sortear eventuales controles de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), gendarmes y policías provinciales, como también dueños de plantaciones de oleaginosas.

Una de estas causas comenzó en 2020, pero el problema ahora es que ningún juez se quiere hacer cago del expediente y una Cámara Federal de Apelaciones debe definir ahora en qué provincia debe continuar el proceso judicial.

Esto es debido a la complejidad de la investigación, pero, sobre todo, porque las vinculaciones de las organizaciones contrabandistas podrían llegar a personas que ostentan encumbrados cargos en la política.

Camino ilegal

La soja que parte principalmente de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, circulan por rutas provinciales y nacionales hasta llegar a Misiones.

Allí, los porotos se almacenan en chacras ubicadas al costado del río, desde donde son transportados en balsas improvisadas a Brasil, donde pagan por el producto tres veces más que en Argentina y no abonan impuestos.

Soja, droga y corrupción en la triple frontera

Otros cargamentos son llevados más al norte, donde existe frontera seca. Esa área es jurisdicción del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones.

Es así que ahora el juez Miguel Angel Guerrero, de Eldorado, y Juan Carlos Vallejos, de Corrientes quieren evitar el trámite de esta causa.

Vallejos, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a su par de Eldorado, quien a su vez rechazó el expediente, también por cuestión de competencia.

Mientras tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento de ocho integrantes de la organización delictiva, compuesta por civiles y efectivos de diferentes fuerzas de seguridad, provinciales, de Corrientes y Misiones, y nacionales.