Los sesenta funcionarios “discapacitados”
En la provincia de Misiones, un partido político tiene más del 80% de sus afiliados y candidatos del padrón recibiendo pensiones por discapacidad. SUBLEMA está sostenido por el Estado a través de las prestaciones para personas con discapacidad, sin que los beneficiarios cumplan con ningún requisito.
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En la provincia de Misiones un partido político, tiene más del 80% de sus afiliados y candidatos del padrón recibiendo pensiones por discapacidad.
Este partido, SUBLEMA, está sostenido por las pensiones que otorga el Estado a través de las pensiones por discapacidad sin que los beneficiarios cumplan los requisitos para recibir la prestación que otorga el Gobierno Nacional.
Se presupone que, para conseguir afiliados para el partido, les ofrecen a estas personas este beneficio.
El partido político encontró un mecanismo para contener y sostener la militancia.
Una vez más la política haciendo mal uso de los recursos del Estado.
El reclamo de las personas con discapacidad es absolutamente legítimo, pero el gobierno no estaba errado en que sí hay personas que cobran sin tener ningún grado de discapacidad.
El tema es que estas personas son fáciles de ubicar y lo primero que tendría que haber hecho el gobierno de Javier Milei es ir por los “curros de la política”.
¿Son discapacitados o vivos?
La diputada provincial por Misiones Blanca Alvez fue interrogada en la Cámara de diputados de su provincia ya que hace 15 años cobra la pensión en cuestión.
Las razones que dio fueron que tiene una hernia de hiato, que a veces la mente se le queda en blanco, que tiene dolores en los huesos y se olvida de las cosas, además de tener menopausia precoz. Una burla para la Cámara y para la sociedad.
Blanca Alvez hace política todos los días sin padecer olvidos ni acusar “mente en blanco”, tampoco está comprobado que tenga una hernia y que le duelan los huesos.
El punto es que hace 15 años que está cobrando la prestación.
Le han realizado una denuncia penal y posiblemente tenga que devolver todo el dinero que cobró de manera ilícita durante los 15 años.
Esto es un delito por defraudación al Estado.
Es todo un entramado de complicidades ya que tiene que haber un médico que certifique la discapacidad, un organismo que lo avale y la política que apruebe el pago de la pensión.
La política nos estafa a todos.
Entonces nos preguntamos ¿por qué Milei pone en tela de juicio a los discapacitados? En este caso por 60 pensiones mal otorgadas, 60 estafas.
Otorgarle pensiones para que se afilien al partido es no tener escrúpulos. Un diputado en Misiones cobra 6 millones de pesos.
La mejor forma de defender a las personas con discapacidad es no pretenderse en los “curros” de la política.
El exdiputado de Misiones Roque Gervasoni cuenta:
“Más de 60 pensiones por invalidez están ligadas a los candidatos de SUBLEMA de las listas de 2023 y 2025. Son 60 personas que cobran la pensión y que no reúnen las condiciones”.
“En dos casos en particular, el de una diputada que, en 2021, para poder acceder a una banca renunció a su pensión por invalidez. Y también está el caso de Elvani Goring que es la esposa del intendente de Aurora que justo en marzo de este año renunció a su pensión para poder ser candidata por el Frente País y va a asumir una banca en diciembre en la provincia”.
“La pensión por invalidez es por ley y lo que dice es que la persona debe tener un mínimo de 66% de discapacidad permanente. No es motivo para recibir una pensión una hernia de hiato”.
La diputada electa Elvani Goring, esposa del intendente de Aurora, cuenta los motivos por los cuales recibía la prestación:
“Tenía la pensión por una razón muy fuerte de salud, primero padeció mi esposo y ahí es donde me tocó trabajar en la chacra y tenía mis 2 hijas chicas así que tenía que laburar. Pasó esto que me lastimé y ahí es donde me acerqué a la municipalidad y es donde me sugirieron que haga la pensión”.
A Cali Goring, el marido de Elvani e intendente de Aurora no parece tener ningún problema serio de salud.
Los medios comienzan a publicar notas reclamando a la legislatura para que se investigue a las diputadas que cobraban sin tener discapacidad.
El presidente del PAYS, Cacho Barbero, cuando el gobierno pide la revalidación de los carnet de discapacidad para verificar si se cumplen o no los requisitos para el cobro de las pensiones, se presentó ante la justicia para que no se realice el trámite solicitado.
“Acá estamos con los compañeros del partido agrario y social. Vinimos al Juzgado Federal para hacer la presentación judicial para frenar esta crueldad con respecto a la auditoría de las pensiones no contributivas. Queremos que se pare la auditoría hasta tanto se diga bien claro que se quiere hacer con los que cobran una pensión. Desde el partido estamos de acuerdo que a aquellos que no les corresponde una pensión ¡que se la saquen!”
La nota que se publicaba en un medio
El PAYS pidió suspender auditoría en discapacidad: “es maltrato y humillación”.
Se sabe que en el 95% de los casos fue absolutamente injusto el pedido del gobierno, pero el resto es el “curro” de la política y deberían ser juzgados por la Justicia Federal los que sacaron la pensión, los que la validaron y los que avalaron desde la política las pensiones.
Las pensiones no contributivas por invalidez están destinadas a personas que, debido a su condición, no pueden insertarse plenamente en el mercado laboral. Para acceder algunos de los requisitos son:
Tener una discapacidad que implique una reducción del 76% o más en la capacidad laboral
- No cobrar jubilación, pensión o retiro contributivo.
- No contar con ingresos o bienes suficientes para la subsistencia.
- Ser argentino nativo o naturalizado con 5 años de residencia mínima, o extranjero con más de 20 años en el país.
- Este beneficio se gestiona a través de la Agencia nacional de Discapacidad y requiere de la presentación de documentación médica, social y administrativa que respalde la solicitud.