Mónica Curraño, fiscal de la causa en contra de la “Secta del Horror”, también conocida como la Escuela de Yoga de Villa Crespo, dialogó con Duro de Callar acerca de las amenazas de muerte que recibió y criticó al Poder Judicial y la política por la falta de acciones.

La descripción y la crítica que esboza Mónica Curraño de la situación general en la que se encuentra sumida el Poder Judicial argentino es impecable.

Curraño comienza denunciando que se encuentra desprotegida en el marco de la causa que lleva adelante contra una secta que opera hace más de 25 años en el país y que ha cometido toda clase de crímenes y delitos, como la trata de personas, el abuso de menores, extorsiones, fraudes y hasta participó activamente de homicidios y en el narcotráfico.

La fiscal se pregunta cómo es posible que, durante tanto tiempo, y habiendo sido sometidos a otras instancias judiciales, los responsables de esta banda delictiva hubieran terminado siempre libres.

“¿Cuáles son las fallas en las investigaciones y la Justicia que hacen que no se puede llegar a una condena?”, plantea casi retóricamente Curraño en la entrevista con Duro de Callar.

Hay una clara falla en el sistema judicial argentino y es estructural.

Los criminales que investiga han amenazado contra su vida y la de su familia. La fiscal asegura que nadie del Poder Judicial se ha puesto a disposición para manifestar apoyo o proveer protección.

Y es que parece ser que para la Justicia hay cuestiones que son de primer orden de importancia y otras que no merecen la pena ser atendidas.

“Para algunos fiscales, todo; para otros fiscales, orfandad de recursos y de todo tipo”, denuncia Curraño y luego remarca que la mayoría de los recursos son asignados a Comodoro Py.

Y acá empezamos a comprender un poco más: el Poder Judicial tiene todos sus esfuerzos puestos en la batalla política.

Desde hace tiempo, y de manera paulatina pero irreversible, el Poder Judicial ha dejado de velar por la paz social y los derechos de la sociedad, y se ha convertido en un partido político que intenta ejercer el poder.

En este sentido, Curraño señala las múltiples irregularidades que han ocurrido durante estos años en el seno del Poder Judicial y que no responden a una voluntad de Justicia, sino a una voluntad de poder: desde el longevo interinato de Casal, pasando por la presidencia de Rossi de la Corte Suprema y posterior presidencia del Consejo de la Magistratura, las causas judiciales armadas con testigos falsos y pruebas inexistentes, hasta los casos de espionaje dentro del Poder Judicial.

Por supuesto, no todo es mérito exclusivo del Poder Judicial. Curraño también señala que hay responsabilidades compartidas de los demás poderes por falta de acción y, en otros casos, por sumisión.

Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo han podido ponerle freno al avance del “gobierno de los jueces”. Lo que es peor, en ciertas ocasiones lo han asistido.

Finalmente, a pesar de que es evidente que la sociedad argentina está constantemente aquejada por problemas de índole más inmediata, como la realidad económica, la fiscal no pierde la oportunidad de insistir en la importancia de sostener una Justicia que funcione para la ciudadanía y no para los intereses de los funcionarios judiciales.

“La gente tiene que sentir que es una víctima”, sentencia Curraño.

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