Los establecimientos sanitarios son los lugares de mayor riesgo de contagio por el estrecho contacto con infectados, y a la vez en donde se encuentra la población más vulnerable. Durante los últimos días, clínicas, sanatorios y geriátricos privados han dado muestras de mala administración y negligencias que llevaron a brotes de contagio. Mirá la entrevista al vicejefe de gobierno de la Ciudad.

En la Capital Federal hay 478 centros geriátricos en donde residen adultos mayores, la principal población de riesgo del COVID-19. En total, significan 25.000 plazas disponibles en la ciudad, de las cuales aproximadamente 20.000 se encuentran en uso.

La mayoría de las residencias pertenecen al sector privado, mientras que otra parte es administrada por el PAMI y una restante minoría por el gobierno de la Ciudad.

Por los múltiples casos de contagios en distintos establecimientos sanitarios, entre ellos varios geriátricos, se puso el foco de atención en las administraciones de los centros de salud y en el control estatal. En algunos casos de centros privados, las autoridades se resistían a informar o tomar acciones de control o preventivas para evitar una interrupción de la actividad comercial.

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Según Diego Santilli, 276 geriátricos fueron inspeccionados durante el primer trimestre, de enero a marzo, pero la inspección, al menos de manera presencial, fue interrumpida por prevención.

Ante esta situación, se espera a que las autoridades de los geriátricos informen sobre cualquier sospecha de casos al gobierno. Si se detectan irregularidades, interviene el estado. Tal fue el caso de la residencia para adultos mayores en Av. Los Incas, en donde acudió el SAME a hacer los traslados de los pacientes.

De acuerdo a lo que informa el vicejefe de gobierno, el Sistema de Atención Médica lleva realizados 1.000 derivaciones y ningún trabajador de la salud ha resultado contagiado, prueba de que el protocolo preventivo es efectivo si se lo aplica y cumple como es debido.

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A su vez, Santilli advierte y hace un llamado a la responsabilidad por parte de los establecimientos privados ante el riesgo de saturación del sistema. Cada vez que el gobierno interviene se hace cargo de los pacientes y de momento lleva alquiladas 2.500 camas de hotel para los pacientes más leves.

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