Un alto funcionario de la AFI del gobierno de Alberto Fernández ha sido forzado a presentar su renuncia con fecha predatada. ¿La razón? Haber presentado ante la justicia una denuncia contra el juez hipermacrista Mariano Llorens por sus recurrentes visitas a Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, y sus posteriores fallos, siempre alineados con los intereses del anterior presidente. La respuesta del actual gobierno fue categórica, lo que hace pensar que el lawfare sigue gozando de plena vigencia.

El lawfare goza de excelente salud. El status quo de la justicia apenas si se enteró que hubo un partido que había prometido reformarla en caso de llegar a la presidencia.

Los jueces del acomodo, los puestos a dedo, los obedientes, los serviles, los operados, continúan sonriendo, tranquilos, detrás de sus escritorios señoriales.

Porque la caída libre del poder más desprestigiado del Estado no parece encontrar fondo. Y porque esa caída parece estar garantizada por los otros dos poderes.

Una brutal muestra de esta situación se dio hoy, cuando le pidieron la inmediata renuncia a un alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia, por haber osado presentar una denuncia contra Mariano Llorens, uno de los jueces puestos por Macri, uno de los visitantes asiduos del despacho mayor de la Casa Rosada en tiempos del capitán reposera, uno de los que también ingresaron a Olivos a conversar con el entonces presidente.

¿De quién estamos hablando? Del abogado Andrés Albor, uno de los cinco firmantes de una denuncia contra el camarista Mariano Llorens.

Con abundante detalle y pruebas, recordando cada una de las visitas de Llorens al despacho de Macri, contextualizando esas visitas y los posteriores fallos emitidos por Llorens, siempre alineado con los intereses del gobierno anterior, la denuncia cayó como una bomba.

Sigue a pleno la PROtección a los jueces que encubren a Macri

Mariano Llorens firma como camarista federal, y recibe el saludo de Martín “Doctrinia” Irurzun.

Pero aparentemente esa bomba detonó del lado equivocado de la grieta. Si es que tal grieta existe.

Lo cierto es que no tardó mucho en caer la sentencia sobre Albor, quien se desempeña como abogado en la Agencia Federal de Inteligencia desde el cambio de gobierno. Cometió el error de intentar meterse con uno de los intocables: Mariano Llorens.

El mensaje fue brutal. No solamente le estaban pidiendo la inmediata renuncia a su cargo por haber firmado esa denuncia. También le exigían que lo hiciera de manera predatada, de modo tal que la forzada dimisión aparezca como formulada antes de la presentación del escrito en contra del juez Llorens.

Así de categórico. Una altísima autoridad del gobierno del FdT, cayéndole con toda la fuerza a un abogado y funcionario de la misma gestión que prometió acabar con el lawfare, como forma inequívoca de bajar el mensaje de que a ciertos jueces no se los toca. Aunque sean los jueces que garantizaron el lawfare, la persecusión y el encarcelamiento de un gran número de opositores.

¿Quedó claro cómo funciona el poder en Argentina?