Las empresas BRD y Dakota obtuvieron la concesión para la explotación del servicio de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires en 1991, pero las mismas vencieron en 2001 y desde entonces la Legislatura votó a favor de 7 prórrogas del mismo contrato. El negocio es multimillonario y el canon que pagan al Estado es apenas de $55.000 mensuales. Escuchá la entrevista al legislador porteño Juan Manuel Valdés.

Tomando el último registro anual completo, en 2021 las empresas acarrearon aproximadamente 125.000 automóviles. Si cada servicio tiene un costo de $6.500, la cuenta entonces arroja ganancias aproximadas por $812.500.000 en un año.

Ese monto es el que embolsan por año las empresas BRD y Dakota, pero lo que le dejan al Estado es muchísimo menos. Apenas $660.000 al año.

Esto significa que en medio día de trabajo cubren sus costos de canon anuales para con la Ciudad de Buenos Aires.

Escuchá la nota

Ambas empresas suman menos de 35 grúas y, según el legislador porteño Juan Manuel Valdés, tampoco tienen más de 20 empleados cada una.

Como si esto fuera poco, los salarios están cubiertos por la Ciudad y los estacionamientos que utilizan para dejar los autos son públicos, es decir que sus costos son realmente bajos.

Así las cosas, no es sorprendente que las empresas no hubieran presentado sus balances correspondientes ante la IGJ, según denuncia el legislador.

Impulsado por el FDT y ante esta escandalosa situación del enriquecimiento desmesurado a costa de los contribuyentes, los legisladores opositores en la Ciudad de Buenos Aires juntaron firmas para realizar una sesión especial este jueves.

Se necesitan 31 votos para revocar la concesión del contrato prorrogado por última vez en 2020 y la oposición confía en que alcanzarán ese número de apoyos.

Por una ley votada por la misma Legislatura, el servicio podría estatizarse y generar esos ingresos para posterior beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, ante semejantes márgenes de ganancias no llamaría la atención que hubiera fuertes negocios con el poder político de turno detrás de las múltiples prórrogas del contrato después de 20 años de vencida la concesión.

En otras palabras: ¡lo que deben haber sido esas coimas!