La directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, habló con Duro de Callar sobre la decisión del gobierno de declarar nulos los contratos de concesión de los Accesos Norte y Oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

A través del decreto 633/2022 publicado ayer, el presidente ordenó a Vialidad Nacional que inicie las acciones para anular los contratos con las empresas AUSOL y GCO.

Luego de varios años de investigación, el gobierno llegó a la conclusión de que la prórroga otorgada durante el gobierno de Mauricio Macri resultaba “lesiva” para el interés general y de la ciudadanía argentina.

Se trata de concesiones que corresponden a los gobiernos menemistas y para las cuales se crearon sociedades únicamente con el fin de administrar esos negocios.

“Lo que hicieron con estos contratos fue un bochorno”, asegura Julieta Ripoli.

Entre otras cosas, aquellas renovaciones estipulaban la condonación de deudas multimillonarias a favor de las empresas y la dolarización de tarifas de los peajes.

“Al contrato de renovación lo escribieron las empresas. Está hecho a medida de las empresas, es un cheque en blanco”, agrega la directora de Jurídicos de Vialidad.

Sin embargo, llama la atención que la decisión del gobierno se hubiera demorado tanto, siendo que resultaba muy evidente que se trataba de un negocio para las empresas a costas de la sociedad.

Al respecto, Ripoli explica que la demora se debió a cuestiones “muy técnicas” de los contratos y que, además, “se tocaban muchos intereses”.

Según la funcionaria, la rentabilidad de la explotación de los servicios de peajes es multimillonaria y muy superior a la de cualquier otra concesión de obra pública.

La investigación realizada por el gobierno de Alberto Fernández apunta contra Javier Iguacel, por entonces director de Vialidad; Ricardo Stoddart, gerente de estudios jurídicos de Vialidad y anterior abogado de las empresas de Macri; Guillermo Dietrich, ministro de Transporte y quien daba las órdenes; Mauricio Macri y Gabriela Michetti, quienes firmaban los decretos; y Nicolás Dujovne, por entonces ministro de Economía.

De acuerdo a Ripoli, de la investigación se desprende que de esta cadena de responsabilidades quien resultaba más favorecido era el expresidente.

“El último beneficiario era Macri, que asumió la presidencia siendo accionista de la empresa”, explica la directora de Jurídicos de Vialidad.

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