La propuesta fue presentada por la Coalición Cívica y requiere de una modificación del código penal. Según una de las coautoras, la diputada nacional Marcela Campagnoli, la iniciativa apunta a combatir las supuestas prácticas extorsivas de algunas organizaciones sociales que obligan a sus afiliados a participar de las movilizaciones bajo la amenaza de descontarle parte de sus ingresos por planes sociales. Lo curioso es que las mismas prácticas extorsivas existen en el interior de los partidos políticos que exigen a los funcionarios una colaboración por sus ingresos, pero nadie presentó ningún proyecto para eso. ¿Será que los ricos pueden elegir y los pobres no? Escuchá la entrevista de Tomás Méndez y la diputada Marcela Campagnoli.