Era el dueño de una empresa de hierros y materiales de construcción. Fue estafado por tres inversionistas que se habían acercado para “darle una mano”. Se terminaron quedando con su empresa, con sus bienes, con las instalaciones y los camiones. Son los dueños de la firma Plusbyte, que posee millonarios contratos con la CABA y con municipios gobernados por Cambiemos. Por detrás, asoma una figura clave de la mesa judicial.

Le tendieron una mano cuando su empresa se estaba hundiendo. Se acercaron, pusieron capital, levantaron lo urgente, y fue así como aquel gigante dedicado a los hierros para la construcción logró volver a ponerse de pie.

Germán de Vivo respiraba aliviado. Había logrado salvar su empresa, la misma que fundó en el año 2005. La misma que durante el último año del macrismo venía a los tumbos, no sólo por la caída en las ventas, sino fundamentalmente por la merma en los cobros y la suba en las tasas de intereses. Y en ese escenario, lo agarró de lleno la cuarentena en 2020, con el corte de toda la construcción y la caída de la actividad literalmente a cero.

La mano que le tiró el salvavidas cuando la tenía complicada fue Julio Ruggiero. Luego se daría cuenta de que era un salvavidas de plomo.

A Ruggiero lo conocía de años, porque había sido su ejecutivo de cuentas en el Banco Patagonia. Desvinculado mal de esa entidad, Ruggiero se enteró de que el empresario estaba complicado y que necesitaba fondeo para su empresa. Entonces muy "gentilmente" le acercó unos inversionistas, que podrían "levantar el muerto".

Así fue como permitió que ingresaran a su empresa el propio Ruggiero, quien sumó al empresario Alejandro Gómez Roca y al financista Marcelo Ríos. Cuando se quiso dar cuenta, el trío de recién llegados comenzaron a apoderarse del know how comercial, tomaron las riendas de la gestión y comenzaron a apartar al dueño de la empresa.

Primero se encargaron de las finanzas, luego de las compras, luego de la negociación con los proveedores, y finalmente contactaron al dueño del inmueble ubicado en Uriburu 230 de Pilar. Con el propietario negociaron rescindir el contrato y suscribir uno nuevo, pero ahora a nombre de los nuevos socios.

Germán de Vivo no la vio venir. Porque ni bien comenzó a regir el nuevo contrato, ese mismo día le cerraron la puerta en la cara. Estaba despedido. Sí, de su propia empresa.

Pirañas

Los nuevos okupas de Multiacero no tardaron en vaciarle las cuentas. En cuestión de semanas, liquidaron todos los ahorros de la firma, transfiriendo 16 millones de pesos que tenía en MercadoLibre, derivando sin escala esos fondos a cuentas de una empresa que resultaría clave en todo este proceso: Plusbyte srl.

Nacida originalmente como una empresa de desarrollo de software e informática, de un día para el otro Plusbyte cambió su declaración de actividades, para ahora dedicarse al reciclaje de basura y al mantenimiento mecánico de camiones de higiene urbana en la ciudad de Buenos Aires y otros municipios gobernados por el PRO.

Su titular, Alejandro Gómez Roca logró demostrar una envidiable cintura empresarial y política para hacerse de contratos multimillonarios. "El gobierno de la CABA le armó una licitación a su medida, para que se quede con estos servicios, y en sólo un año logró hacer crecer 1500% su facturación", señala Germán de Vivo, en diálogo con ADNWEB.

"Para que entiendan por qué me estafaron -dice sin rodeos De Vivo-: mi empresa tiene un potencial enorme para lavar la plata sucia de Gómez Roca. Y ése fue el objetivo", señaló. "En el rubro de los materiales de construcción hay mucho pago en efectivo, con lo cual esta actividad es ideal para la venta de facturas y el lavado de activos", asegura.

Según el empresario, es muy probable que se esté utilizando su firma para "generar facturas y con eso blanquear los retornos que estarían pagando al gobierno de la CABA y otros gobiernos como el de La Plata, Campana, Pinamar o Tres de Febrero, con los cuales trabaja Plusbyte srl. A ello se suma un contrato por prestación de servicios similares en el Mercado Central.

Un millón

Entre medio, los ocupantes ilegales de la firma continuaron con la actividad, como si nada hubiera pasado. En una misma jugada se sacaron de encima al dueño, pero siguieron explotando la firma como si fuera de ellos.

Además de los 16 millones de pesos que le robaron de su cuenta en ML, se apoderaron de los dos camiones de la firma, ambos todavía registrados a nombre de De Vivo, y hasta el día de hoy los siguen utilizando y continúan circulando por la vía pública.

También se quedaron con la totalidad de la mercadería, y con las costosísimas instalaciones del depósito. Las más importantes de ellas son los dos puentes-grúa instalados en el galpón, y valuados en 30 mil y 60 mil dólares, respectivamente. Si a eso se suma el valor de las estanterías (150 mil dólares) y de la mercadería (200 mil dólares), comienza a visualizarse la magnitud del desfalco. Sumando los camiones, los fondos de la empresa y la llave de negocio, “el total de lo robado llega al millón de dólares”, según afirma el damnificado.

"Se apoderaron de mi empresa, que era rentable, que estaba funcionando, que tenía buenos proveedores y buenos clientes. Y se quedaron con la empresa sin las deudas, porque a ésas me las dejaron todas a mí", se queja.

No exagera. Un informe de la firma NOSIS califica a Multiacero como deudora irrecuperable, asignándole la puntuación más baja. Por supuesto, en ese informe ni aparecen los apellidos de los okupas, que tuvieron la precaución de cambiar la razón social. Ahora la empresa se llama Real Home.

La justicia que no está

Naturalmente, este apoderamiento ilegal de una empresa -por no denominarlo lisa y llanamente robo- terminó con una denuncia penal por estafa que fue radicada en la UFI N°4 de Pilar, cayendo en manos del fiscal Gonzal Agüero.

La documental era abundante, incluyendo entre otras cosas los títulos de propiedad de los dos camiones, las facturas de compras de los puentes grúa, de las instalaciones, de la mercadería, entre otras cosas.

Pero con certeza, la más contundente de todas las pruebas sería la documental de Mercado Libre en contestación al oficio judicial para detallar qué había pasado con los 16 millones de pesos que la empresa tenía en sus cuentas. La respuesta al oficio no deja lugar a dudas. Todo ese monto fue transferido en cuestión de días a la empresa Plusbyte srl y a la sociedad anónima simplificada JBRS, propiedad de Ruggiero. Vaciamiento documentado como pocas veces se ha visto.

¿Qué pasó con la causa? A más de dos años de iniciada, la respuesta cabe en dos sílabas: nada. O en realidad también se podría responder "todo". Porque el fiscal Agüero se encargó de dormir el expediente. Se negó sistemáticamente a allanar el predio donde funciona la firma. No parece interesado en buscar la documental en la que se respalda, al menos para descartarla. Tampoco llamó a declarar a ninguno de los presuntos estafadores, y sólo le tomó testimonio a dos empleados, que actualmente están bajo relación de dependencia de los "okupas". Difícil que se quieran jugar el pellejo.

Tampoco el fiscal movió un dedo para secuestrar alguno de los dos camiones que continúan circulando por las calles de Pilar y por un amplio radio en la CABA y el Conurbano repartiendo mercadería, y que registralmente siguen siendo propiedad del denunciante. No pareciera haber problema alguno con eso.

A tal límite llegó la cobertura prestada por el fiscal a favor de Gómez Roca y Ruggiero, que terminó archivando la causa, al sostener que "los datos incorporados carecen de los perfiles de tipicidad necesarios para estar frente a un hecho de relevancia penal". En otras palabras, el fiscal considera que no hubo delito. Al menos eso fue lo que resolvió el 11 de octubre último.

Agüero, designado al frente de la UFI durante el gobierno de Vidal, fue lógicamente recusado por los abogados patrocinantes de De Vivo, acusándolo de haber obstaculizado la investigación. "Estoy convencido de que Agüero tiene la orden de no avanzar contra estas personas, porque tienen una vinculación muy directa con los municipios grandes en poder de Cambiemos", dijo el empresario.

Por su parte, Gómez Roca -el presunto cerebro de la estafa- es mencionado en una investigación del sitio DataClave, que hurgó en las entrañas de los negociados en el Mercado Central. Ahí, el periodista Mauro Federico vincula de modo explícito a Gómez Roca con los hermanos José y Pablo Torello, el primero de ellos, miembro de la mesa judicial durante el Macrismo, y primera espada de Pepín Rodríguez Simón.

Bien vinculados

La vinculación con el partido de Macri también alcanza a Ruggiero, quien es primo hermano de Luis Lobo, aquél que fuera secretario de Deportes de la CABA durante el actual gobierno de Rodríguez Larreta. Lobo fue noticia en junio de 2020, cuando desafió la cuarentena más dura que regía en aquella época, en plena primera la de la pandemia, para juntarse en un club de Pilar a jugar al paddle con Rogelio Frigerio. Eso ocurrió un mes antes de la famosa fiesta en Casa Rosada por la que se abrió una causa penal contra el presidente y que terminó siendo arreglada judicialmente por una cifra millonaria. A Lobo, el primo de uno de los okupas, le alcanzó con presentar su renuncia.

Hoy la causa está parada, mientras se resuelve el pedido de recusación al fiscal. Germán De Vivo asegura que sólo espera “que la Justicia haga realmente su trabajo, porque las pruebas están sobre la mesa, pero el fiscal nunca las quiso analizar”. Sin embargo también teme que la estafa quede en la nada. Porque tiene en claro que del otro lado tiene “bastante más que sólo tres estafadores”.