El Estado, a través de la Inspección General de Justicia, le reclama a uno de los dueños del grupo Clarin que justifique el equivalente a $2.500.000.000 que hoy están en dólares metidos en una “guarida fiscal”. Eso literalmente dice la resolución de la IGJ. Sin embargo, una jueza que siempre responde a los intereses del grupo y un juez recusado por el área del Estado que realiza la denuncia resolvieron que nadie investigue a una de las personas más poderosas del país: José Antonio Aranda.

¿Se reconoce delincuente?

El socio de Magnetto creó una sociedad en Panamá denominada LUARAN S.A.U. Esa sociedad tiene hoy un patrimonio de $2.500.000.000 y Aranda pretende nacionalizarla por lo que solicitó a la IGJ ingresar al plan de SINCERAMIENTO LEGAL por tener esa sociedad en fraude a la ley argentina.

¿De dónde la sacaste Aranda?

Cuando el socio de Clarin solicitó al Estado legalizar su “empresa”, el Estado le solicitó los balances de la compañía. Pero ese documento formal llegó sin la aclaración de la procedencia del dinero que posee la sociedad. En otras palabras, Aranda no puede ni quiere explicar de dónde obtuvo los $2.500.000.000 Acto seguido la IGJ notificó a AFIP, a la UIF y al Banco Central para que determinen el origen espurio de los fondos, pero dos jueces impidieron la tarea.

El precio de la justicia.

Increíblemente, cuando el Estado se disponía a investigar la procedencia de los fondos de Aranda, la jueza Julia Villanueva y un juez denunciado por la IGJ de mal desempeño en sus funciones -Pablo Heredia- impidieron la investigación y le dieron al dueño de Clarin la posibilidad de nacionalizar su “empresa”.

El acto jurídicamente es nulo, pero el poder judicial argentino del que tanto se queja Clarin otra vez le dio una mano a los dueños del grupo evitándole un largo y ruinoso proceso judicial.

La cárcel es solo para los boludos.

La resolución de la IGJ publicada el 2 de diciembre pasado en la que se solicita expresamente investigar el origen de los fondos de la Off shore vinculada a Clarín fue ignorada por Aranda y su comportamiento evasivo de la ley fue avalado por dos jueces comerciales.

La cuestión era y simple y clara para el Estado. Solo había que explicar de dónde había sacado Aranda semejante cantidad de dinero no declarado. Solo eso…

Dueño de Clarín no pudo justificar de dónde sacó $2.500.000.000