Si las obras públicas se paran el 10 de diciembre, miles de empleados quedarán sin trabajo y muchas empresas quedarían complicadas.

Duro de Callar conversó con Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Según el empresario, desde el 10 de diciembre, según lo que anunció el presidente electo Javier Milei, se resciden todos los contratos de la obra pública a nivel nacional, como los de los municipios y de las provincias.

Estos contratos se volverían a licitar, suponiendo que va a haber empresas privadas que quieran asumir el riesgo de invertir dinero para recobrarlo una vez que finalice la obra.

También existe la posibilidad de que los municipios que cuenten con el dinero puedan terminar las obras ya comenzadas.

En definitiva, lo que se está trasmitiendo, es que el gobierno nacional, una vez asuma el nuevo presidente, no va a poner más dinero para la ejecución de las obras. Por tal motivo las obras que se están ejecutando desde el gobierno, van a quedar paralizadas.

Weiss dice que en mundo hay varios ejemplos de obras que se pueden ejecutar por empresas pivadas y una vez finalizadas se les cobra a los usuarios la inversión realizada.

Esta proporción es muy minoritaria.

“En Argentina se han hechos rutas por peaje. Los accesos a la Ciudad de Buenos Aires se hicieron con empresas privadas que soportaron toda la inversión de la obra y recuperaron en el tiempo cobrando el peaje al usuario. En la provincia de Córdoba pasó lo mismo”, manifiesta Weiss.

Las rutas nacionales pavimentadas significan un total de  36.000 km, las mencionadas por el empresario solo suman 1.000 km.

Hay 36.000 km restantes que no tienen volumen de tránsito, por lo tanto no habría posibilidad de que tome la obra una empresa privada.

Aquí se plantea el primer interrogante sobre quién tomaría este tipo de obras.

También están los casos de las escuelas públicas, hospitales, cárceles, las extensiones de agua y cloacas entre otros.

“Hay un sin número de obras que en la práctica no tienen retorno monetario porque es imposible cobrarlo, las tarifas son impagables, por lo tanto, esas obras las tiene que hacer el Estado”, declara el empresario.

También realiza otra aclaración: “En el análisis comparado del resto de los países del mundo, el 90% de la inversión la hace el Estado en sus 3 niveles porque el grueso de las obras no tiene retorno de los usuarios. Solamente lo tiene el 10%, por lo tanto esto genera una incógnita, ya que a partir del 10 de diciembre todas las obras quedan paralizadas y es inviable que la mayoría se puedan licitar”.

El empleo total el sector de la construcción hoy estaría conformado por 550 mil personas entre operarios y personal calificado.

De ese total, la mitad pertenece a la obra pública y el restante a la obra privada.

Por lo tanto, están en riesgo 270 puestos de trabajo más el empleo indirecto.

Si la obra pública se paraliza, habrá menor demanda de cemento, ladrillo, hierro y esto también generará despidos en las fábricas.

Weiss dice que ya se comenzaron a realizar despidos en las empresas.

“Solo faltan 15 días, los empresarios han comenzado a tomar medidas teniendo en cuenta que el 10 de diciembre las obras se van a parar”, finaliza el presidente de la Cámara de la Construcción.

Escuchá la nota de Tomás Méndez en Duro de Callar

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)